Sistema educativo español en la actualidad
Como hemos podido ver en las
entradas anteriores, la progresión que ha ido siguiendo nuestro sistema
educativo no ha ido siempre en la misma dirección. Dependiendo del sistema
político que ha primado en nuestro país, nuestro sistema educativo ha ido
cambiando su estructura y ha ido dando pasos hacia delante y hacia atrás.
Prueba de este vaivén son los periodos de la Segunda República y del
Franquismo, entre los cuales podemos encontrar mil diferencias y solo unos pocos
años transcurridos. Particularmente considero que todo lo que se consiguió en
la Segunda República, todas las mejoras a nivel educativo, todo el cambio de
mentalidad hacia un sistema
educativo más moderno y adaptado a las necesidades de la sociedad se desmoronó
en el momento que se inició la Guerra Civil española y todavía empeoró más en
el momento en que el general Franco se pone al mando de España y se inicia la
dictadura franquista. Desde la llegada de la democracia a nuestro país, muchas
han sido las leyes que los distintos gobiernos han aprobado con el fin de
mejorar nuestro sistema educativo, las cuáles no han significado un cambio tan
radical para la estructura educativa común. Sin embargo, podríamos concluir que
a pesar de todas las reformas legislativas efectuadas en este periodo de
tiempo, el fracaso escolar en España, entendido como el número de alumnos que
no consigue terminar con éxito los estudios obligatorios, ha ido creciendo de
manera imparable hasta llegar en la actualidad a superar el 30%. Las distintas
leyes educativas que se han implantado en nuestro país durante los últimos
treinta años, lejos de solucionar el problema, lo han empeorado ya que nuestros
alumnos cada vez salen peor preparados en casi todas las asignaturas, con
conocimientos muy pobres en materias fundamentales como lengua o matemáticas por
no mencionar la escasa o nula competencia que tienen en idiomas tan importantes
como el inglés.
Tras más de
treinta años de legislación educativa en España, donde hemos pasado de leyes de
los últimos años de la dictadura a leyes plenamente democráticas y
constitucionales, es necesario hacer las siguientes observaciones para definir
mejor el actual panorama educativo en nuestro país:
En menos de 40 años hemos tenido, al menos, cuatro leyes educativas
importantes en nuestro país, lo que supone que muchas generaciones de
ciudadanos han desarrollado sus estudios académicos con una o dos leyes
vigentes.
Cada vez que un partido político llega al poder, deroga o
cambia la anterior ley educativa, dejando al sistema en
general, sin la deseada continuidad en este pilar tan básico de nuestra
sociedad.
Muchas de las
reformas que se han llevado a cabo en estos últimos años no han ido acompañadas de una financiación suficiente, lo que ha
producido grandes desigualdades a la hora de la implantación de las mismas.
A pesar de todas
las novedades que han introducido las distintas leyes educativas, no se ha conseguido reducir el fracaso
escolar de manera significativa, ya que hoy en día nuestro país es uno de
los que tiene la tasa más elevada de la UE, con más del 30% de alumnos que no
consiguen terminar los estudios obligatorios.
No se han conseguido reducir los índices de conflictividad
en las aulas debido en parte a que las distintas
administraciones educativas o no lo quieren admitir o intentan evadir la
realidad mediante programas de dudosa eficacia.
Los alumnos españoles, según los distintos informes PISA,
son de los peores preparados de los países de la OCDE al ocupar puestos muy bajos en las diferentes pruebas a las que se han
sometido los países miembros.
La educación se ha convertido en un arma política que los partidos utilizan para debilitar al adversario, cuando debería
ser un aspecto fundamental de nuestra sociedad en el que los políticos deberían
esforzarse por conseguir unos consensos mínimos, para no estar cambiando de ley
educativa cada pocos años. Como hemos podido comprobar, nuestra historia nos explica que la
educación en España siempre ha estado condicionada por el color político, por
las ideas de quienes han estado en el poder, quien lo ha intentado adaptar de
acuerdo con sus intereses y de acuerdo con sus ideales propios y de su
partido. Podemos considerar que en España nunca
ha habido un consenso en educación y, posiblemente, este nunca se ha
intentado de una manera seria.
Actualmente, nuestro sistema
educativo presenta la siguiente estructura, una estructura regida por la última
ley vigente hasta día de hoy, la LOE (2006):
Actualmente España no se
encuentra en una buena situación ni a nivel económico ni a nivel social, esto
es indiscutible. De hecho, podríamos definir la situación actual de
insostenibilidad tanto a nivel social como económico.
Hablamos de insostenibilidad
económica porque nuestra economía se ha convertido en una d las menos
competitivas y con más baja productividad de Europa, entre otras muchas
realidades en las que no entraremos en este momento porque el tema que queremos
tratar gira en torno a otros aspectos. Hablamos de insostenibilidad social porque
nuestro país representa uno de los niveles más alto de la UE en pobreza de los
trabajadores, sólo superado por Grecia y Polonia; porque el fracaso y el
abandono escolar en España se sitúa por encima de la media europea; porque
tenemos la mayor tasa de paro de nuestra
historia; entre muchos otros factores.
A todo esto, tenemos que añadirle
que en los últimos años se han producido cambios profundos sobre el contexto en
el que operan los sistemas de educación. Por ello, estamos inmersos en un
proceso de cambio acelerado que, como estamos experimentado, ha tenido y sigue
teniendo un peso y una incidencia considerable sobre el ámbito educativo y los
procesos escolares. Son justamente estos cambios los que plantean al ámbito educativo
nuevos retos y nuevos requerimientos que comportan la adaptación a las nuevas
exigencias que plantean los cambios tecnológicos, sociales y económicos.
Teniendo en cuenta este contexto de cambio constante tanto a nivel social,
económico y tecnológico; y fijándonos en los datos facilitados por el
Ministerio de Educación de cara al curso 2012-2013, la situación educativa en
España es la siguiente:
La previsión del alumnado escolarizado en las enseñanza de régimen
general no universitario en el curso 2012-2013 es de 8.050.654, superior al
del curso 2011-2012.
Teniendo en cuenta la titularidad del centro, el 68,2% del
alumnado está escolarizado en centros públicos, el 26,5% en centros concertados
y el 5,3% en centros de titularidad privada.
Por lo que al alumnado extranjero se refiere, aunque el número de alumnos
matriculados haya aumentado en relación al curso anterior, se observa un
estancamiento progresivo ya que este aumento ha sido insignificante si lo
comparamos con la tendencia que hasta ahora ha seguido nuestro sistema
educativo: en el curso 2000-2001 el alumnado matriculado de origen extranjero
era de 207.112; en el curso 2006-2007 era de 610.702 (casi 3 veces más!); en el
curso 2011-2012 era de 781.141; y este curso es de 781.446. El 81,7% de este alumnado está matriculado
en centros de titularidad pública.
Y, si analizamos el origen de este alumnado por continentes encontramos que la
mayor parte de este alumnado procede de
América (37,9%), seguido de Europa (30,2%),
de África (25%) y, en último lugar,
encontramos Asia y Oceanía (6,9%).
Por lo que al gasto en educación se refiere,
encontramos que en los últimos 5 años el gasto ha ido reduciéndose progresivamente. Este curso académico recibirá
aproximadamente la misma cantidad de dinero que se recibió en el año 2008.
Desde el 2002 hasta el 2009, el aumento del gasto en educación era
considerable, aumentando más de 20.000 millones de euros en solo 7 años. Pero,
a partir del curso 2009-2010 esta tendencia ha ido cambiando, y se ha ido
reduciendo año tras año el gasto en educación. De entre todas las Comunidades
Autónomas, Cataluña ha sido la que más ha recortado en materia educativa
y, por el contrario, las Islas Baleares
ha sido la única Comunidad Autónoma que no
ha tocado el presupuesto que se destina a la educación.
Por otro lado, la enseñanza universitaria es la mayor destinataria de la inversión que
se hace en educación (69,5%). Si no tenemos en cuenta la enseñanza
universitaria, es la etapa de Educación
Infantil y Primaria la receptora de la otra gran parte de la inversión
pública en educación.
Tenemos que tener en cuenta,
además, que el 62,2% de la inversión en educación está destinada a
los gastos de personal.
Otro dato que sorprende es el de
las becas. Este último curso académico, se
ha reducido el dinero destinado a las becas, pero el número de becarios ha aumentado.
Sorprende todavía más ver como el curso pasado hubo 923.895 beneficiarios de ayudas y, este año solo ha habido 344.260. Ha sido una gran bajada.
Por lo que al número de profesores se refiere, en las
enseñanzas de régimen general no universitarias, podemos ver que ha sido en
este curso escolar, cuando por primera vez en más de 12 años ha habido una bajada del número de docentes, aunque
como hemos visto antes, el número de alumnos escolarizados ha aumentado.
Centrándonos en la enseñanza infantil, encontramos una tendencia al aumento de alumnos escolarizados, igual que el número de centros que la imparten.
También encontramos una tendencia
en el aumento de alumnos matriculados
entre 16 i 18 años, es decir, en la enseñanza
no obligatoria. Este aumento ha sido de más del 10% en los últimos 5 años.
Casi el 80% del alumnado de
Bachillerato promociona curso. Y,
más del 90% del alumnado aprueba la selectividad.
Referente a la Formación Profesional, el número de
alumnos matriculados ha aumentado
considerablemente en los últimos años. Estamos hablando de un aumento
alrededor del 50% en los últimos 6 años.
Si echamos un vistazo al abandono prematuro de la educación, en
2011 el 26,5% de los adultos de entre 18 i 24 años no habían completado los
estudios obligatorios.
U 92,2% del alumnado de la enseñanza de régimen general estudia una primera lengua extranjera, la cual es mayoritariamente el inglés.
Sólo un 23,5% del alumnado de la enseñanza de régimen general estudia una segunda lengua extranjera.
Si comparamos nuestros datos en educación con los indicadores de la
OCDE y de la UE, podemos decir que:
La población adulta española con estudios
no superiores a los obligatorios se ha reducido,
aún y estar todavía lejos de las medias de la OCDE y de la UE. Pero, por otro
lado, de esta población adulta un 31% posee titulación de Educación Superior, superando el 30% de la OCDE y el 28% de
la UE. Aún y así, el 47% sólo posee
estudios secundarios de primera etapa o
inferiores delante del 26% de la OCDE y el 25% de la UE.
Por lo que a la educación infantil se refiere, la tasa
de escolarización es muy superior a
la de la OCDE y a la de la UE, sobre todo los niños con 2 años o menos.
Referente a la educación secundaria, el porcentaje de graduados ha aumentado 14 puntos en los
últimos 9 años, reduciendo la distancia con la OCDE, de 11 puntos en 2001 a 4
en 2010.
Echando un ojo a la formación profesional de grado superior,
observamos que la Tasa de acceso (26%)
supera la media de la OCDE (17%) y de la UE (15%). La tasa de graduación
(16%) también es superior a la de la OCDE (10%) y de la UE (8%).
Referente a la educación universitaria, la tasa de
acceso en España llega al 52%, siendo la media de la OCDE del 62% y de la UE
del 60%. Por lo que a la graduación
universitaria se refiere, en España es del 30%, inferior a la de la OCDE
(39%) y a la de la UE (40%).
Fijándonos en el mercado laboral, encontramos que como
mayor sea el nivel de formación de la población de 25 a 64 años corresponde una
mayor tasa de ocupación y una menor tasa de paro, así como un nivel salarial
más elevado. Esta tendencia, generalizada a la OCDE y a la UE, aunque en España
existe, cada vez es menor y está tendiendo a cambiar por la situación económica
de nuestro país. Tenemos que tener en cuenta
que en el año 2010, las tasas de paro en España prácticamente duplicaban
los niveles medios de la OCDE y de la UE.
Sorprende que el gasto que España destina por cada
alumno en la educación sea más elevado
que la media de la OCDE y de la UE en todos los niveles educativos. Entre
otras razones, esto es consecuencia de los gastos salariales. Otro dato
sorprendente es que las tasas universitarias
que tienen que pagar los estudiantes en España son generalmente bajas. Aún y ser bajas, el porcentaje
de jóvenes que estudia en la universidad es limitado en comparación con la OCDE
y la UE.
Por lo que a los centros escolares se refiere, el número
total de horas de clase obligatorias
para los alumnos de Educación Primaria y de Educación Secundaria en España es superior a la media de la OCDE y de la
UE. La ratio de alumnos por clase es
similar a la de la OCDE y de la UE
en los centros públicos.
El salario de los profesores es superior
en España en todas las etapas. En el salario inicial es donde la diferencia es
mayor. Después de 15 años o en el salario máximo conseguido la OCDE y la UE
acortan distancias.
Referente a la toma de decisiones, en España los
centros públicos tienen menor autonomía
en la toma de decisiones que en el conjunto de los países de la OCDE y de la
UE. Si en la OCDE y en la UE los centros educativos toman el 41% y el 46% de
las decisiones respectivamente, en España este porcentaje sólo llega al 25%.
Los centros educativos tienen mayor
autonomía en la toma de decisiones a nivel
curricular y menor libertad en
la planificación, gestión de personal y
recursos.
En España, los órganos central y
autonómico toman el 88% de las decisiones relacionadas con la gestión del
personal. A la OCDE más de la mitad de estas decisiones son tomadas por
autoridades locales o centros educativos. Es en este ámbito, en el de la gestión del personal que
España tiene un menor grado de autonomía
respecto de la OCDE. De estos datos, además, se deriva que el efecto de la descentralización es más positivo en los países en los que
existen pruebas estandarizadas.
Y, es en medio de esta situación
educativa y social que vive España, que el 17 de mayo de 2013 el ministro de Educación,
Cultural y Deporte del gobierno popular de Mariano Rajoy, José Ignacio Wert,
presenta el proyecto de ley definitivo de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) o
también denominada Ley Wert. Esta es
una propuesta de reforma de la LOE de 2006 y de la LOGSE de 1990, que son las
leyes que regulan el actual sistema educativo español de carácter socialista, y
a las cuales el PP siempre se ha opuesto.
Desde que en 2012 se hiciera
público el primer borrador de la ley, ciertos sectores sociales encabezados por
los partidos de izquierda, los sindicatos y las asociaciones de padres y de
alumnos de la enseñanza pública han mostrado su rechazo a la misma mediante concentraciones, manifestaciones y
huelgas, que se unen a las protestas por la reducción del gasto público en educación como consecuencia de la
política de austeridad generalizada en la UE dentro del contexto de crisis
económica en la que se encuentra España desde 2008. A la oposición de la ley se
han sumado partidos nacionalistas catalanes y vascos porque, según su punto de
vista, esta reforma aminora sus
competencias autonómicas y pone en peligro la calidad de la enseñanza de las
lenguas cooficiales debido a que dejan de ser consideradas asignaturas
troncales, pasando a ser asignaturas de especialización opcionales, lo que, por
otro lado, parece suponer que no contarán para la homologación de los estudios
a nivel estatal.
La LOMCE introduce cambios en el
conjunto del sistema educativo español, cambios de carácter curricular,
organizativo y de gestión. Unos más que otros han suscitado muchas críticas y
muchos debates. Pero, todo pinta que esta ley pronto estará en las aulas.
Si quiere saber más sobre las
características, los cambios que implica, la manera en qué puede influirte, los
debates y las críticas generadas entre otros temas, encontraras toda esta
información en la entrada “LOMCE” de
este mismo blog.
Sara López García, 29 de junio de 2013.
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